30 Agosto 2014

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Locales

Con la presencia de sus máximos referentes, se firmó en la Municipalidad de Campo Largo un convenio entre el Instituto de Cultura del Chaco y el Municipio local.



 

Participaron del encuentro el Licenciado Edgardo Pérez, Presidente del Instituto de Cultura del Chaco,  y el Sr. Daniel Capitanich, Intendente de esa localidad; asimismo, el Profesor Ramón Acosta,  delegado del Instituto de Cultura.

 

En la charla se resaltaron diveros e importantes puntos a desarrollar a partir de este convenio,  como el fomento de las actividades culturales, la realización de talleres de formación abiertos para la sociedad en el marco de las políticas de inclusión, la cultura relacionada con la seguridad y la educación, la creación de espacios de interacción e interrelación para la comunidad,  y la necesidad de un cambio de paradigmas culturales donde se haga hincapié en la bio-conciencia, la percepción socioeconómica y el fomento de valores a través de la cultura.


 

En ese contexto, el presidente del Instituto de Cultura confirmó su presencia en el Festival del Hachero a relizarse en los próximos días. "Donde la familia tome el espacio público habrá menos inseguridad" concluyó "Gari" Pérez.

Periodismo365

El referente de los Policías Autoconvocados por una Salario Justo, Livio Fernández, denunció que el gobierno provincial incumplió con el acuerdo alcanzado en diciembre de 2013 para recomponer salarios del personal policial tras la sublevación. Dijo que una situación semejante “pueda volver a repetirse en cualquier momento”

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Seguridad pública en crisis y acuerdo salarial incumplido por el Gobierno

 

“La negociación salarial que descomprimió el conflicto policial el lunes 9 de diciembre de 2013 a la noche en la Jefatura de Policía, en medio del vendaval de violencia y saqueos que se desató con epicentro en Resistencia y Sáenz Peña, fue ardua y muy dura. Se vivieron momentos de mucha tensión y nerviosismo, hasta que se logró el acuerdo con los improvisados representantes de los trabajadores policiales y penitenciarios. Una lástima que el acuerdo firmado haya durado muy poco.

 

Los máximos responsables de la seguridad pública en el Chaco, el entonces ministro de gobierno y el secretario de seguridad, tenían información precisa y completa sobre el conflicto.  Fueron advertidos desde varios sectores de la comunidad de lo que podía pasar. No supieron manejar la situación ni gestionar la solución del conflicto. Demostraron no estar preparados para la conducción en un área tan sensible. Uno fue designado pocos días después ministro en una nueva cartera. El otro se mantuvo como pudo en el cargo, aceptó la rebaja del salario mínimo garantizado a los policías y penitenciarios echando por tierra la negociación salarial, y consiguió que lo ascendieran en el grado por una decisión política que colisiona con la legislación policial en materia de licencias y ascensos.

 

En cambio algunos representantes de los trabajadores y manifestantes que participaron activamente en las protestas fueron denunciados, investigados, perseguidos y trasladados, solo por pedir mejoras salariales para ellos y para todos los policías y penitenciarios del Chaco.

 

El petitorio elaborado por los manifestantes, entregado al gobernador a través del capellán policial el domingo 8 de diciembre por la noche, contenía un pliego de reivindicaciones de doce puntos. El pedido principal era un sueldo de bolsillo de $ 12.000 para el Agente, que venía percibiendo en ese momento alrededor de $ 4.400. Al otro día terminó acordándose un sueldo de $ 8.000, remunerativo y bonificable, justo en el punto medio entre lo que pretendían ganar los Agentes y el sueldo vigente, en una negociación razonable.

 

El acta acuerdo incluyó dos puntos más: una cláusula anti represalias, y otra en la que se acordó “una mesa técnica a los fines de seguir el tratamiento de los puntos pendientes del petitorio”, referida a condiciones de trabajo. Ambos tampoco se cumplieron.

 

Diversos contratiempos demoraron por varias horas la firma final del acta. El entonces ministro de Gobierno no firmó, y posteriormente introdujo un escrito extra acuerdo en representación del poder ejecutivo, donde dejó constancia que se resolvió abonar “un adicional que garantice $ 8.000 de bolsillo para la totalidad de los funcionarios de seguridad”. Y que “dicha suma se incorporará progresivamente como concepto remunerativo de modo gradual y en partes iguales a partir del 1° de febrero, el 1° de abril, 1° de julio y 1° de agosto en el marco de las negociaciones salariales del ejercicio 2014”, compromiso que tampoco se cumplió. Desde la propia Jefatura de Policía, se emitió la circular general red interna 35302, con fecha 11 de diciembre de 2013, donde se comunicó a todos los policías que el gobierno había dispuesto abonar los $ 8.000 comprometidos.

 

El vicegobernador en ejercicio del poder ejecutivo se desdijo varias veces sobre la decisión del gobierno de recomponer el salario del personal de seguridad. Primero sostuvo que iba a cumplir el acuerdo y que no tenía inconvenientes financieros para pagar los $ 8.000 de bolsillo al Agente de policía. Pero con el transcurrir de los días fue mutando de posición, y pasó a una postura de total incumplimiento del acuerdo firmado, intentando  victimizarse con el argumento que el acuerdo salarial fue producto de una supuesta extorsión por parte de los policías. Y como si esto fuera poco, se cambió la cifra del acuerdo, porque ya no serían los $ 8.000 acordados, sino que se garantizaban solamente $ 6.000 de bolsillo con alguna suma en negro que se otorgaría.

 

Es así que el 23 de diciembre de 2013, unilateralmente, el Decreto 3030 dispuso la “liquidación y pago de un anticipo consistente en una suma de carácter no remunerativo y no bonificable durante los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014”. Dicho anticipo consistía en la suma de $ 1.450 para los cargos de Agente y Cabo, y para el resto de $ 1.200, aclarando que serían “a cuenta de futuros aumentos”.  

 

Los anticipos no incluyeron al personal en pasividad dependiente del INSSSEP, a pesar que en la negociación participaron y firmaron el acta varios policías retirados.  El 13 de febrero de 2014, el Decreto 174 dispuso seguir liquidando de la misma manera los mismos montos “en negro” con carácter de anticipos durante los meses de febrero y marzo de 2014.

 

El incumplimiento en todas sus partes del acuerdo firmado por el Gobierno, hizo que se perdiera una muy buena oportunidad para solucionar el conflicto que actualmente se mantiene latente, y generó las condiciones para que una situación semejante a la vivida el año pasado pueda volver a repetirse en cualquier momento”.

 

 

FUENTE Y FOTO: Chaco Día por Día - Periodismo365

Unas 400 manifestantes pertenecientes a la Multisectorial realizan un corte total del tránsito en la intersección de las rutas 11 y 16, en Resistencia. Es en el marco del paro nacional convocada por Hugo Moyano (CGT Azopardo) y Luis Barrionuevo (CGT de los Argentinos).

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AMPLIAREMOS...

FUENTE Y FOTO: Chaco Día por Día - Periodismo365   

La Cámara de Diputados votó la ley por unanimidad y se abre la inscripción para que medio millón de argentinos puedan acceder al beneficio jubilatorio.

La votación de la moratoria previsional

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para abrir una moratoria previsional, que beneficiará a aproximadamente 500.000 personas, en su mayoría pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad
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Tras casi ocho horas de debate, el plenario del cuerpo respaldó la iniciativa con 202 votos a favor (sobre 257 diputados que integran el cuerpo) , mientras que se registraron cuatro abstenciones .

En la votación no se registraron expresiones por la negativa, debido al alto grado de consenso que tuvo el proyecto entre las distintas bancadas de la Cámara baja. En tanto, faltaron 50 diputados.

Entre los más "ilustres" ausentes figura el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, lo que le valió varias críticas en las redes sociales por parte de legisladores oficialistas, entre ellos el diputado Roberto Feletti y el senador Aníbal Fernández.

Los votos a favor llegaron desde el Frente para la Victoria, sus habituales aliados, la UCR, el Frente Renovador, el PRO, el Frente Amplio Progresista, Unidad Popular y Compromiso Federal, entre otros.

Las cuatro abstenciones llegaron desde los dos integrantes de Suma Más Unen, el partido de Martín Lousteau, y de dos de los tres miembros de la Coalición Cívica.

Así, los diputados oficialistas y de la oposición -con algunas críticas- renovaron su respaldo a este proyecto para establecer una moratoria similar a la que aplicó en el 2005 el ex presidente Néstor Kirchner y que permitió incorporar unos 2,6 millones de ciudadanos al sistema previsional

El contenido del proyecto fue expuesto ante sus pares por el kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig, en su carácter de presidente de la comisión de Previsión Social, quien remarcó que que la nueva moratoria previsional “es un acto de reparación histórica” y sostuvo que la norma implica “el acceso del 100 por ciento de los adultos mayores al beneficio”.

Diaz Roig destacó que la iniciativa busca “cubrir universalmente la contingencia de vejez“, y puso de relieve que “sólo dos o tres países en el mundo han llegado a este nivel de cobertura” del sistema previsional, al que calificó como “el mejor de América Latina”.

Por su parte, el vicepresidente del bloque oficialista, Pablo Kosiner dijo que “desde el año 2003 estamos construyendo una nueva política que plantea como objetivo los beneficios compartidos” y destacó que este plan “permitió incrementar de 3,2 beneficiarios a 6 millones”.

También rechazó los argumentos de Lousteau, al afirmar que “llamar a esta reforma ‘parche’ es tener una visión egoísta, dado que con este proyecto se logra avanzar en el plan de inclusión previsional” y dijo que todos los argentinos “tienen derecho a jubilarse porque contribuyen al sistema jubilatorio con sus aportes".

El ex ministro de Economía había señalado para justificar su abstención que esta iniciativa era “solo un parche” y pidió “calibrar bien porque el sistema va a tener inconvenientes de solvencias”.

El cierre del debate, el también kirchnerista Edgardo Depetri enfatizó: “Mientras los buitres de afuera y de adentro del país tratan de crear caos, Argentina defiende el empleo con la incorporación de la nueva moratoria previsional que hoy votamos y que beneficia a más de 500 mil compatriotas al sistema jubilatorio¨.

Por la oposición, el el diputado radical y experto en temas previsionales Eduardo Santín expresó su respaldo al proyecto propiciado por el gobierno nacional pero se manifestó "a favor de establecer un mecanismo de prestación para que todos los ciudadanos tengan derecho a su jubilación sin tener que recurrir a calcular aportes”.

Santín dijo que “apoyamos esta ley en procura de la inclusión social” y cuestionó que se “haya tenido fecha de corte en diciembre del 2003 con lo cual en dos años tendremos que volver a discutir la incorporación de los ciudadanos que quedaron fuera del sistema”.

En tanto, la massista Mirta Tundis dijo que desde ese espacio político van a "apoyar este proyecto que busca darle solución a una parte de la sociedad pero queremos trabajar en una reforma del sistema previsional para incorporar un tema como la pensión a la vejez, así como la jubilación anticipada”.

A su vez, el macrista y ex presidente del Banco Ciudad Federico Sturzennegger aseguró que “no sólo apoyamos esta ley, sino que además el PRO se compromete a defender en el futuro la cobertura previsional que se logra hoy”, pero cuestionó el artículo tercero referido a las atribuciones de la Anses para determinar sobre quiénes pueden o no participar de la moratoria.

El proyecto busca posibilitar el acceso a su correspondiente "prestación previsional" a aquellos "trabajadores autónomos y monotributistas", mediante la regularización de deudas existentes, y establece un plan de pagos de 60 cuotas para aquellas personas que cumplan con la edad jubilatoria (60 años en las mujeres y 65 en los hombres) pero no cuenten con los 30 años de aportes que establece la ley.

La iniciativa establece que los trabajadores autónomos inscriptos o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los monotributistas "que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad jubilatoria dentro del plazo de dos años desde la vigencia de la presente ley, podrán regularizar sus deudas previsionales".

De acuerdo al proyecto, los trabajadores autónomos podrán regularizar su situación respecto de la deuda que mantengan por aportes, mientras que los monotributistas lo harán con relación a las deudas originadas en las cotizaciones previsionales fijas con destino al SIPA.

En ambos casos, la deuda comprenderá las obligaciones devengadas hasta diciembre de 2003, inclusive, y los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación de la deuda y regirá por el término de dos años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.

El proyecto que Diputados convirtió en ley esta tarde había sido aprobado el pasado 2 de julio por el Senado por unanimidad de todos los bloques que componen la Cámara Alta.

FUENTE Y FOTO: Diagonales - Periodismo365

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