25 Julio 2014

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Locales

Según el intendente de nuestra ciudad, la crisis económica que atraviesa el país sucumbe en los bolsillos de todos los habitantes, particularmente en la canasta básica. Dijo que en consecuencia, el presupuesto municipal debe manejarse con cautela.


Ante el evidente incremento en los índices de inflación a nivel nacional, que repercute en la comunidad y sobre todo en la canasta familiar, el intendente Gerardo Cipolini dio su visión al respecto teniendo en cuenta que ya se está cursando el segundo semestre del año.

El mandatario se mostró preocupado por las subas contínuas de los precios que influyen en el bolsillo y el ánimo de la población de Sáenz Peña, "vemos un panorama preocupante en los meses que resta del año, esto nos va a obligar a que seamos prudentes en relación a la administración de los gastos de nuestro Municipio, el temor a perder la fuente de trabajo es una de las problemáticas que acarrea la situación actual de la macroeconomía del país", sostuvo el jefe comunal.

FUENTE Y FOTO: Primera Línea

El presidente del Instituto de Vivienda Domingo Peppo se reunió con referentes del sector ladrillero de la provincia a fin de analizar múltiples temas de interés para esta fracción de la economía del Chaco,  que se encuentra organizada.

 

Uno de los puntos principales que planteó el sector tuvo que ver con la actualización del precio del ladrillo, en virtud que hace algún tiempo el gobierno del Chaco firmó un decreto en donde se fijaba el precio mínimo del ladrillo y lo que reclaman es la actualización de ese valor, a la vez que examinaron también temas referentes a viviendas para el sector, la marcha de los consorcios y sus nuevas conformaciones y la venta de ladrillos.

Respecto al planteo sobre el precio del ladrillo Peppo consideró justo el reclamo de los dirigentes, a la vez que adelantó que en breve se reunirá con las cámaras empresariales a fin de refrendar el nuevo valor indicativo de éste material y realizar el nuevo decreto.

Otros de los puntos discutidos fue la marca de la Escuela de Ladrillería que se construye en La Verde con aportes del gobierno nacional y provincial y el fondo de ladrilleros creado por ley en base a las retenciones que hace el IPDUV.

ATENCIÓN LADRILLEROS: EL GOBIERNO DEL CHACO FIJÓ EL VALOR MÍNIMO DE REFERENCIA DEL LADRILLO DE ADOBE ARTESANAL DESTINADO A LA OBRA PÚBLICA

Asimismo Peppo adelantó que se estudian la compra de ladrillos anticipadas de manera paliativa, como lo hace el Instituto en las localidades donde está organizado el sector al tiempo que sostuvo que el sector reclamó la implementación del decreto reglamentario de la ley de Consorcio Ladrillero, que se encuentra demorada por cuestiones administrativas básicamente.

Finalmente se abordó el tema de viviendas para los ladrilleros organizados que serían realizadas por cooperativas con los municipios. Peppo sostuvo que en varias localidades se encuentra avanzado este trámite y en otros casos se trabaja para la regularización del terreno, ya que es uno de los sectores más postergados en este tema, siendo ellos parte fundamental de la cadena de la construcción de viviendas.

FUENTE Y FOTOS: Instituto del Vivienda del Chaco

El presidente del Bloque Justicialista, diputado Ricardo Sánchez, presentó en rueda de prensa, el Proyecto de Ley Nº 3054/14 que lleva su firma junto con sus pares Elda Pértile y Carlos Beltrán, a través del cual instituye con carácter obligatorio para los integrantes de los tres Poderes del Estado Provincial y otros organismos que detalla, la obligatoriedad de realizarse exámenes médicos y/o bioquímicos pertinentes para analizar y diagnosticar el consumo de drogas ilegales en todo su espectro. El anuncio lo hizo en la mañana de hoy desde la sala de Labor Parlamentaria de la Legislatura chaqueña.

 

El diputado Ricardo Sánchez explicó que “es un tema que lo venimos conversando con algunos legisladores desde algunos meses, en la necesidad de dar un mensaje muy claro desde la clase política en orden a la cuestión vinculada con la droga y el narcotráfico y en virtud de ello la presentación  de este proyecto de ley que tiene que ver con un examen médico y bioquímico obligatorio para todos los estamentos del Estado Provincial”.

 

Detalló que el proyecto alcanza al “gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de Organismos Centralizados o Descentralizados, Autárquicos, Vocales, integrantes de Directorios o equivalente; a todos los legisladores provinciales; a todos los  ministros del Superior Tribunal de Justicia, todos los jueces de la provincia, incluidos los jueces de paz – que son la primera trinchera judicial que tenemos en cada una de las localidades -; integrantes de Organismos Constitucionales; integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento; Fiscalía de Investigaciones Administrativa y Defensoría del Pueblo; y a través de este examen determinar la adicción o no a las drogas ilegales de cada uno de estos funcionarios” y añadió que “esto también incluye al jefe de la policía, subjefe, secretario de seguridad y al jefe del Departamento de Drogas Peligrosas  de la Policía Provincial, como así también al jefe y subjefe del Servicio Penitenciario Provincial; como así también los intendentes y concejales de la provincia”.

 

Aseguró: “creemos  con esto que todo el espectro de la clase política y las más altas jerarquías de funcionarios puedan con un mensaje muy claro, como es la realización de este examen, que por allí se llama comúnmente rinoscopia, pero en realidad es un examen amplio, que se va a realizar, no solo respecto de cocaína, sino cualquier tipo de droga ilegal”.

 

Precisó que “a partir de allí con este examen pueden pasar dos cosas: lo que esperemos que pase, que el funcionario no tenga adicción a drogas ilegales,  o puede ser que al funcionario se le determine una adicción”.

 

Continuó “determinada una adicción, - establecemos una diferencia - entre los que tienen mandatos constitucionales, es decir,  estamos hablando de legislador, gobernador, en ese caso, por cuestiones constitucionales se establece un plazo de 6 meses, durante los cuales, éste funcionario debe acreditar haberse sometido de manera inmediata a un tratamiento de rehabilitación y que ese tratamiento a los 6 meses continúa satisfactoriamente”.

 

“Por otro lado, en el caso de aquellos funcionarios que no tengan mandato popular, sino que tengan otros mecanismos de designación, que puede ser por decreto, o en el caso del Defensor del Pueblo que lo vota la Legislatura provincial, en esos casos, se lo somete a un sumario administrativo médico reservado, y durante ese sumario queda suspendido en sus funciones, hasta que realmente se determine que está en condiciones de rehabilitarse para el ejercicio de la función pública”.

 

“Lo que es reservado es el sumario administrativo en el cual el funcionario se le da a conocer el resultado que determina la adicción o consumo de drogas, y a partir de allí, en ese sumario el funcionario tendrá a su vez todos los mecanismos de impugnación que la legislación procesal pone a su disposición. No estamos diciendo que ya la determinación de este resultado de análisis no va a ser sometido a contrapruebas. El funcionario va a tener todo el derecho de defensa que le garantiza la Constitución y eso lo establecemos dentro de la propia ley que no solo va a ser aplicado a los funcionarios que están en funciones sino también a aquellos que pretendan su acceso a los niveles políticos superiores. En consecuencia, hablamos que en lo que va  a ser la elección del 2015  los que pretenden acceder a este tipo de candidaturas van a tener que someterse a este control” adelantó.

 

Sánchez detalló que “el proyecto determinará el diagnóstico del consumo de  drogas ilegales. Hasta qué punto ese consumo se transforma en adicción,  eso lo podrá determinar el Laboratorio  Central de la provincia o el Laboratorio Central de Medicina Forense del Poder Judicial, que son los dos organismos encargados de llevar adelante estos estudios y serán los que determinarán esa diferencia” no obstante, remarcó que la finalidad del  proyecto de ley “tiene que ver con un mensaje claro de la clase política y los vínculos o no con la cuestión vinculada al narcotráfico”.

 

El legislador planteó que “estamos viendo en medios de comunicación nacionales, distintos hechos que se vinculan al narcotráfico y donde siempre se está de alguna manera diciendo esto no podría ocurrir si no hubiera connivencia de la clase política”. “Entonces, este es un modo muy claro a través del cual nosotros planteamos una diferencia y nos preguntamos qué compromiso puede tener en la lucha contra el narcotráfico un funcionario que depende de una droga ilegal para su subsistencia física, o psíquica a través de la adicción”.  “Obviamente el que está consumiendo drogas ilegales se las compra a alguien, de alguna manera, tiene un vínculo aunque sea con el eslabón más pequeño del narcotráfico, en consecuencia,  a través de este proyecto de ley queremos establecer claramente que los funcionarios no tengan vínculos personales con el consumo de drogas ilegales y esto me parece importante como mensaje a la comunidad”.

 

Recalcó que el proyecto va dirigido “a los funcionarios que hoy están en funciones, y a los legisladores y es un mensaje claro que desde la clase política estamos dando a través de este proyecto de ley diciendo yo personalmente no tengo adicciones y por ende en principio no tengo ningún grado de vínculo con los sectores del narcotráfico”.

 

Sánchez aclaró que el funcionario de acuerdo con el resultado del examen “puede apelar” porque “es un derecho que tiene la persona de decir no estoy de acuerdo con este resultado, no tengo vínculo ni consumo de drogas y puede impugnar por los medios procesales que nuestra legislación procesal, administrativa y penal tiene a disposición un imputado, porque en definitiva, de algunas manera esto puede dar lugar a que un fiscal de oficio pueda intervenir”.

 

Finalmente remarcó que lo que “pretendemos con este proyecto de ley Nº 3054/14 “es dar un mensaje claro de la clase política respecto de estas cuestiones” señaló el diputado Ricardo Sánchez.

FUENTE Y FOTO: Cámara de Diputados del Chaco 

El titular de la Cámara de Diputados, Darío Bacileff Ivanoff, suscribió el contrato correspondiente con la empresa Tridelta S.A., que resultara adjudicada para la primera etapa de la construcción del Edificio Sede de la Legislatura. En Sesión Extraordinaria fue respaldada por el bloque Justicialista, junto con los aliados Juan José Bergia del Ne-Par y Raúl Acosta de la Concertación Forja, la Resolución por la cual se aprueba la licitación pública Nº 04/14 y se adjudica la primera etapa a dicha empresa.

 

El titular del Poder Legislativo explicó “como lo hemos sancionado por el Cuerpo de la Legislatura con 19 votos en la Sesión  Extraordinaria llevada a cabo el día miércoles, hemos firmado el contrato en el que adjudicamos a la empresa Tridelta S.A. la primera etapa licitada por la Cámara de Diputados para la construcción del Edificio Legislativo” y enfatizó “se procedió a la firma del contrato con la empresa que ganó la licitación, para luego continuar con los distintos pasos que corresponden y de una vez por todas comenzar con la construcción del edificio”.

 

Destacó que “es un motivo de gran satisfacción porque con la rubrica de este contrato estamos prácticamente próximos a la ejecución, seguimos trabajando en la presentación de documentación y requisitos formales en la Municipalidad de Resistencia y otros trámites, pero la obra está próxima a comenzar”.


FUENTE Y FOTO: Cámara de Diputados del Chaco 

 

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