20 Septiembre 2017

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Opinion
Jueves, 22 de Octubre de 2015 18:18

QUE NO ME CUENTEN CHACO

por Periodismo365

Tomando en cuenta el tratamiento periodístico que los medios capitalinos más poderosos hacen sobre la realidad de las provincias, Eliana Verón sostiene que los medios nacionales practican diversos tipos de discriminación que reducen realidades sociales a meros aspectos de clientelismo extorsivo.


Edwing Goffman, en su trabajo Estigma. La identidad deteriorada, sostuvo que “la sociedad establece los medios para categorizar a las personas”. Constantemente definimos al “otro” y lo ubicamos dentro de una de esas categorías atribuyéndoles una “identidad social virtual” que se corresponde con nuestros esquemas estereotipados. Cuando ese esquema se desestructura aparece el estigma y funciona de manera referencial subrayando características descalificadoras sobre un sujeto.

Si bien el autor referencia a las marcas corporales visibles en los sujetos, desde la antigua Grecia y pasando por el cristianismo hasta la actualidad, la definición se reactualiza para comprender las marcas descalificadoras que ciertos medios dominantes laceran sobre el cuerpo social argentino y norteño en particular. Esta cita viene a cuento sobre la instalación mediática de los niveles de pobreza, indigencia, clientelismo estructural, en torno a las provincias de Tucumán y Chaco. Me abstengo de indagar sobre el oportunismo político de esa instalación producida durante y antes de las elecciones de aquellas provincias. Pero me urge la necesidad, como chaqueña, de no aceptar una mirada estigmatizante sobre mi provincia, ni un recorte superficial que escatima posibilidades de análisis y reflexiones acerca de una región que sólo existe mediáticamente cuando las corporaciones así lo deciden. Sin embargo, es imperioso actualizar el conocimiento sobre Chaco antes de disparar expresiones agraviantes.

Tras ser territorio nacional hasta 1951, luego su consagración como provincia y hasta hoy, tuvo como característica sociodemográfica al Estado como único “burgués” capaz de estimular o perjudicar su desarrollo. No se puede entender ninguna región sin tener en cuenta los procesos históricos-políticos que experimentó. Los medios nacionales, valiéndose de sus esquemas clasificatorios y de una supuesta legitimidad social, practican diversos tipos de discriminación que reducen realidades sociales a meros aspectos de clientelismo extorsivo. A partir una mirada cínica y de condolencia, acerca de pobres e indigentes en el interior profundo, no elaboran más que una teoría del estigma. En el marco de una lucha simbólica, cimentan imaginarios sociales que sustentan sus prácticas y discursos para explicar la “inferioridad” de estas poblaciones. Y dan cuenta del peligro que representan para esa comunidad imaginaria de la Argentina blanca y centralista.

Pero Chaco no sólo deviene de una pobreza estructural, real, palpable y absurda, sino también de muchas batallas ninguneadas en el mapa argumentativo de los grandes medios y sus periodistas. Los chaqueños atravesaron profusas explotaciones de sus recursos, masacres indígenas perpetradas por el Estado tanto nacional como provincial, importantes resistencias obreras en los dominios ingleses del Ingenio Las Palmas y La Forestal a principios del siglo XX. Las luchas de miles de militantes sociales, políticos, culturales y estudiantiles que enfrentaron la represión más sanguinaria de las dictaduras cívico-militares, y la tenacidad de maestros y empleados estatales que durante los 90 continuaron combatiendo las represiones de gobiernos radicales por un salario digno ante la imposición de los nefastos “Quebrachos”, dan testimonio de esa combatividad.

Podría extenderme con una o muchas listas acerca de la dignidad de una provincia que tiene marcado en su cuerpo territorial las injusticias sociales. Sin embargo, es suficiente para contextualizar la disputa por el sentido. Su apropiación y administración implican una lucha que se da no sólo en el espacio cultural y político, sino también en el comunicacional y con características demasiado desparejas: los paradigmas mediáticos de las grandes corporaciones se obsesionan contra quienes carecen de tamañas armas para enfrentarlos.

Esta pugna es, además, por el mercado lingüístico, en el que no existe el intercambio de valores sino relaciones de fuerzas, y situaciones sociales de profunda desigualdad, que conllevan procesos de dominación y censura estructural de unos discursos sobre otros. De sus discursos sobre los nuestros. Podrán tener efectivamente la capacidad de repetición y selección estableciéndose como factores suficientes para explicar, fundamentar, sostener las etiquetas epistemológicas y hasta estigmatizantes de poblaciones enteras que ellos mismos configuran. Pero cabe decirles que no me cuenten a Chaco, porque no somos tontos históricos.

Es imperiosa una reacción colectiva con pensamiento crítico, no sólo para disputarles el sentido único, sino porque falta una revisión contemporánea y un análisis abarcador del interior profundo. Una mirada que supere el etnocentrismo y lo superfluo de reflexiones sin el peso de los procesos históricos. Ese es el desafío.
Por Eliana Verón *
* Locutora local. Estudiante de Ciencias de la Comunicación, UBA.


FUENTE: Página/12 - Imágenes Ilustrativas - Periodismo365

Viernes, 11 de Septiembre de 2015 01:02

CHACO, LA MUERTE DEL NIÑO Y LA CANALLA MEDIÁTICA

por Periodismo365

Es difícil escribir poseído por el dolor y la rabia, pero no hay remedio. Una nueva andanada de cinismo ha colocado a mi provincia en el centro de la mentira electorera. Porque es verdad que los cuadros de tuberculosis y desnutrición son, en el Chaco, tan endémicos y de vieja data como indignantes y dolorosos. Pero es miserable aprovechar ahora la desdichada muerte de Oscar Sánchez, un adolescente qom de sólo 14 años, desnutrido y tuberculoso, para enlodar de antemano las elecciones del próximo 20 de septiembre.

Hay que ser muy canallas para fingir sentimientos que no se tienen, y que jamás han tenido estos carroñeros de la política que vienen a “descubrir” lo que aquí cualquiera sabe: que decenas, centenares de niños qom, wichís y mocoiq murieron aquí, en iguales condiciones extremas, en los últimos 10, 20, 50 y 100 años.

Y es claro que desgraciamente va a seguir habiendo casos como el de Oscar ahora, y en el pasado enero Néstor Femenía, otro chiquito enfermo de tuberculosis sumada a desnutrición extrema, meningitis y neumonía.

Ambos murieron por causas estructurales que fueron negadas durante décadas, nunca erradicadas y las cuales llevará todavía mucho tiempo erradicar. Pero en estos “denunciadores” lo que indigna y subleva es que les encanta promocionar –porque eso hacen: promoción– todo lo que espante a “la pobre inocencia de la gente”.

Estas muertes derivan de causas –y esto es lo que hay que subrayar– que durante mínimo los últimos 50 años jamás fueron atendidas. Y es obvio que la actual gestión tampoco las solucionó, pero al menos sí se encararon políticas sanitarias, educativas y de infraestructura como nunca antes se había hecho. Ésa es la diferencia, y basta andar por los montes de lo que queda del Impenetrable para comprobarlo.

Estos buitres de la comunicación empezaron la semana pasada diciendo que el Hospital Pediátrico de Resistencia, recién inaugurado, tenía fallas estructurales. Y antes “denunciaron” equipamientos deficientes en los flamantes hospitales de Villa Río Bermejito y de Juan José Castelli. Tres grandes centros que no sé si tienen muchos o pocos problemas, pero ahí están; antes no existían. Porque nunca existió un hospital decente en esos extensos parajes. Entonces irrita que ahora que hay tres, grandes y con dotaciones de médicos como nunca antes, vengan a demolerlos mediáticamente.

Pero no dicen que en 2007 de cada mil nacidos vivos en esta provincia, morían 22; mientras que ahora se redujeron a 11,8. Ni dicen que hoy hay 125 Centros de Atención Médica nuevos y se construyen 200 más. Ni que específicamente respecto de la tuberculosis, el Programa de Control de TBC del Chaco informó hace sólo un mes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en la Región Sanitaria 5 (El Sauzalito, Nueva Pompeya, Miraflores, Castelli) hay 48 Pacientes Notificados y bajo tratamiento. Y en Pampa del Indio ocho más.

También silencian el hecho de que se han recibido ya 4 médicos Qom, que trabajan tres en Castelli y uno en El Espinillo, y son parte de los 1259 trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, odontólogos) que cubren todo El Impenetrable (sobre un total de 13.562 en toda la provincia). Ni dicen que desde 2014 se tienden conexiones de agua potable entre Fortín Lavalle y Castelli, y hay más conexiones hacia otros parajes, a la vez que en 2015 ya hay 15.000 nuevos usuarios de electrificación rural, quienes hace diez años estaban a oscuras. Y están llegando ya las primeras redes para celulares y wifi a El Sauzalito y Nueva Pompeya, en el extremo norte del Impenetrable, para atender a unos 35.000 habitantes dispersos. Y en toda la provincia los usuarios de electricidad pasaron de 250.000 a 359.000.

Por supuesto que en toda sociedad en la que hay cuatro etnias que por siglos estuvieron sometidas e invisibilizadas, y donde la pobreza extrema ha sido feroz durante por lo menos los últimos 150 años (o sea desde que al Chaco llegó la “civilización”), siempre se van a “descubrir” casos tremendos, dolorosos e impactantes como los de estos dos pibes.

Pero lo infame es aprovecharse de sus desdichas, sacarlos de contexto y mentir de manera vil y obscena para inflamar los ánimos 10 días antes de una elección cuyos resultados están cantados, desde que las PASO marcaron una diferencia abrumadora que nadie cuestionó. Nadie.

Son tan cínicos y manipuladores estos canallas que sobre las fotos y el video de un niño agonizante, escriben: “advertencia: la imagen y el video pueden herir su sensibilidad”. No sé ustedes los lectores, pero yo nunca he visto algo igual de miserable y violento en toda la prensa mundial.

En una provincia donde la pobreza y la indigencia han sido y son históricamente altísimas, es por lo menos estúpido debatir y comparar datos del desprestigiado Indec con cálculos interesados privados que se “basan” en supuestos “índices de precios”. Pero ahí está el promocionado Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que insiste en que en los últimos tres años aumentó la pobreza en todo el país. Uno se pregunta en qué país viven estos señores, porque basta recorrer las provincias para advertir que aunque hay muchísimos problemas en todos los órdenes, de ninguna manera la pobreza y la indigencia aumentaron, por más que ellos hagan tremendos esfuerzos.

Si fuera cierto que hoy uno de cuatro argentinos es pobre (son, dicen, 11 millones de personas, más 2 millones de indigentes), y que en 2014 el 40 por ciento de los chaqueños estaba bajo la línea de pobreza y el 17 por ciento bajo la línea de indigencia, al menos aquí nadie con ojos les creería. Eso es mentira, salvo que se mande un equipito de periodistas carroñeros para que por una vez en sus vidas se ensucien las patas y busquen lo peor del paisaje humano local, que por supuesto existe y ningún chaqueño honrado niega ni oculta.

También mienten que la provincia del Chaco ha dejado de publicar datos oficiales de pobreza e indigencia desde “hace más de tres años”. Y la prueba está en que los datos de este artículo son todos oficiales y los he bajado de internet y/o solicitado al Ministerio de Salud.
por Mempo Giardinelli


FUENTE Y FOTOS: Página/12

Domingo, 12 de Julio de 2015 18:57

BALOTAJE Y VOTO EN BLANCO

por Periodismo365

Para ahorrar el tiempo de ciertos lectores urgidos de discernir y clasificar cuanto antes las intenciones del autor, empecemos por un par de las posibles conclusiones de esta nota: votar en blanco en un balotaje es una de las propuestas más bobas que a una fuerza política se le pueden ocurrir y una de las reacciones más estériles y presuntuosas de cualquier votante. Bien. Ahora que somos menos, avancemos de a poco.

Una tradición nacional
La abstención y el votoblanquismo forman parte de la tradición política argentina, pero no siempre un mismo instrumento tiene efectos políticos similares. La abstención electoral yrigoyenista de tiempos anteriores a la ley Senz Peña, siempre acompañada de acciones revolucionarias, puebladas, insurrecciones y conjuras militares, tiene poca o ninguna relación con la abstención electoral impulsada por Alvear durante la primera mitad de la Década Infame. En el primer caso, era parte de la protesta radical contra el fraude institucionalizado. En el segundo, la coartada necesaria de la oligarquía para la instauración del “fraude patriótico”.
El peronismo hizo uso frecuente del voto en blanco durante los largos 18 años en que estuvo impedido de participar de los actos electorales. Se trató, en general, de un voto en blanco orgánico, parte de una protesta contra la proscripción que incluía sabotajes, acciones armadas, huelgas, tomas de fábrica, conspiraciones militares y asonadas guerrilleras. El votoblanquismo peronista contó con gran legitimidad popular pues eran vastos los sectores del pueblo impedidos de expresarse electoralmente en libertad, pero su efectividad fue relativa: si bien por su masividad el voto en blanco no permitió la consolidación de otra fuerza política mayoritaria a expensas del peronismo, tampoco impidió la instauración gobiernos con aura de democráticos y la prolongación durante 17 años del régimen instaurado por la Revolución Libertadora. Más o menos efectivo, la importancia del votoblanquismo peronista radicó tanto en su masividad como en su permanente vinculación con acciones revolucionarias. El mensaje era claro: no habría posibilidad de sistema político estable y duradero si se insistía en excluir y prohibir la participación electoral del partido político mayoritario.
El balotaje
El balotaje carece de cualquier clase de vínculo con el fraude o la proscripción. Consiste en una votación en segunda instancia entre las dos fuerzas más votadas de una elección, si acaso ninguna de ellas hubiera arribado al 50% de los votos válidos emitidos. Su propósito sería impedir que alguien acceda al gobierno sin contar con el apoyo explícito de, por lo menos, el 50% de los votos válidos emitidos en esa segunda instancia. El argumento: otorgar mayor legitimidad al nuevo gobierno, lo que en un régimen de representación proporcional carece de lógica y sentido. La legitimidad y capacidad de gobernar de un partido están íntimamente relacionadas con el número de legisladores con que cuenta en la(s) cámara(s). Pero como los legisladores son electos tras la primera ronda electoral y el resultado del balotaje no otorga al triunfador ningún plus de legisladores, en realidad, el balotaje no otorga ni más poder ni mayor legitimidad.La razón de fondo del sistema de balotaje es dar a un conjunto de partidos y ciudadanos la posibilidad de coaligarse contra quien haya obtenido mayor número de votos. Este fue el propósito casi explícito del sistema electoral ideado por Arturo Mor Roig en 1972 e implementado por la dictadura de Agustín Lanusse para las elecciones de 1973. Ese también fue el propósito del sistema de balotaje uruguayo gracias al que, al menos en 1999, blancos y colorados pudieron impedir el acceso al gobierno del Frente Amplio, triunfante en la primera vuelta electoral.
Tal el sistema por el que, con argumentos y generalizaciones bastante pueriles, se inclinó la asamblea constituyente porteña en 1996. En cambio, el sistema de balotaje que rige a nivel nacional no es más que otro de los muchos remiendos y engendros irracionales surgidos de las negociaciones del Pacto de Olivos: un balotaje que no parta del hecho de que ninguno de los dos primeros candidatos haya sacado el 50% de los votos es tan balotaje como el carril exclusivo para colectivos es un metrobus.Pero así es la ley.
La papelera de reciclaje
En la ciudad de Buenos Aires rige un balotaje como dios manda: o un candidato obtiene el 50% de los votos o va a una segunda vuelta con el segundo. Ante esa instancia están ahora los porteños, con las cosabidas confusiones, petulancias y vanidades del caso.Conviene aclarar que un balotaje no es una elección sino una opción, que es a lo que queda reducida cualquier elección entre sólo dos alternativas.
Conviene también aclarar que a ninguna fuerza política le fue impedida la participación electoral de manera que, en su momento, los ciudadanos pudieron inclinarse por aquellos que más se acercaran a sus preferencias o pretensiones. Quienes se sienten cercanos al nacionalsocialismo pudieron perfectamente votar al Führer Alejandro Biondini. Es verdad que muchos tal vez hubieran preferido hacerlo por el auténtico Führer, pero ya está visto que no se puede todo en la vida. La cuestión es que, con sus carencias e insatisfacciones, las elecciones se realizaron y los ciudadanos pudieron votar sin impedimentos. Ahora llega la segunda instancia, cuando es necesario optar por uno de los dos candidatos más votados. De eso únicamente se trata: no hay terceras o cuartas alternativas, pues no puede haberlas: es un batolaje, no una elección.
Por lo que se ve, a no pocas personas y a algunas fuerzas políticas les resulta arduo entender esta diferencia. Mezclando peras con motores de combustión interna, creen ver coartada su libertad y ponen el grito en el cielo: “No pueden obligarme a optar entre dos tipos que no me gustan”.
Lamentamos informar que, justamente, de eso se trata y que, le guste o no, eso terminará haciendo todo votante, en forma consciente o inconsciente, ya que en el balotaje se computan únicamente los votos emitidos en forma positiva. El voto en blanco no es, no existe. Para decirlo en las truculentas palabras del teólogo existencial Jorge Rafael Videla, “No es, no está; está desaparecido”.
En rigor de verdad, la máquina de votación electrónica no debiera contemplar para el balotaje la posibilidad de voto en blanco o, en todo caso, tendría que llamar a esa casilla “papelera de reciclaje”, en razón de que esos votos ni siquiera se cuentan. Es como si en una votación tradicional, los votos en blanco fueran depositados no en una urna, sino en una máquina trituradora de papeles.Así las cosas, por acción consciente, omisión o voto en blanco, el ciudadano no hace más que inclinarse por una de las dos opciones que surgieron del resultado electoral. En el caso puntual, sí o sí optará por Rodríguez Larreta o por Lousteau, así no concurra al comicio o vote en blanco. Su no voto o su voto en blanco beneficiará a quien cuente con mayores posibilidades de voto. Para el caso y hoy por hoy, Horacio Rodríguez Larreta.
Cualquiera está en su derecho a votar por Rodríguez Larreta, así como a hacerlo por Lousteau, pero sería bueno que se tratara de un acto consciente, que no crea estar haciendo una revolución cuando no hace más que votar al Pro.El voto en blanco, instrumento electoral de protesta si los hay, ¿contra quién iría dirigido en este caso? ¿Contra quién protesta quien vota en blanco en un balotaje? ¿Contra sí mismo, por no haber obtenido en número suficiente de votos?Al ser una protesta difusa y directamente surrealista, y al no computarse, al no formar parte del resultado más que indirectamente (reforzando las chances del más votado) el voto en blanco en un balotaje resulta una tontería política asombrosa y una demostración de presuntuosidad y arrogancia individuales dignas de más útiles causas y mejores empeños.

Por Teodoro Boot 


FUENTE Y FOTOS: Diario Registrado - Periodismo365

La investigadora Victoria Basualdo analiza los avances en el tema de la participación de empresarios en las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. “Lejos de ser un tópico nuevo, son producto de un proceso de construcción de décadas en el campo de la justicia”, explica. Los casos Ledesma, Papel Prensa, Ford, Astilleros Astarsa y La Nueva Provincia.

A pocos días de cumplirse 39 años del golpe de estado que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976, se dieron a conocer una serie de fallos referidos a causas judiciales centradas en la participación de empresarios en delitos de lesa humanidad (relativas a Ledesma, Papel Prensa, La Nueva Provincia), lo cual reabrió un debate sobre este tema y su importancia en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

 

Cabe en este contexto detenerse a reflexionar sobre esta línea de investigación, trabajo y judicialización del papel de sectores empresarios en los delitos de lesa humanidad durante la dictadura del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que lejos de ser un tema nuevo, tiene sus raíces décadas atrás y se ha nutrido de un proceso de acumulación de experiencias y conocimiento tanto en lo que se refiere a investigación académica como a desarrollos jurídicos.

 

Como lo recuerdan los investigadores del CELS en su texto “La trayectoria de la cuestión civil en el proceso de justicia argentino” (que será publicado en el próximo informe anual), el registro de la participación de empresarios en la represión a los trabajadores se encontraba ya presente en el trabajo la CONADEP y el Informe Nunca Más y en el Juicio a las Juntas.

 

En el Nunca más no sólo se destacó la importancia de la pertenencia ala clase obrera de muchas de las víctimas, sino que se enfatizó la existencia de secuestros colectivos, y de detenciones que se daban dentro de los propios lugares de trabajo: astilleros, fábricas, ingenios azucareros, entre otros, incluyendo testimonios de sobrevivientes que afirmaban que muchas empresas habían actualizado los legajos de personal y brindado a las fuerzas represivas datos personales, fotografías y listados con los militantes y delegados sindicales que luego habían sido desaparecidos.

 

Algunos de los casos incluidos en el Nunca Más son los de los Astilleros Astarsa, el caso emblemático de la empresa siderúrgica Acindar en Villa Constitución (cuyo presidente hasta 1976 había sido José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado Ministro de Economía de la dictadura), la empresa de automóviles Ford, y el Ingenio Ledesma de Jujuy.

 

En vinculación con esto, el Juicio a las Juntas en 1985 se abrió con una referencia a la represión a sindicalistas y trabajadores, y a lo largo de todo el proceso muchas de las víctimas o de sus familiares refirieron a su pertenencia o la de su familiar a alguna agrupación gremial o sindical y a su convicción de que ese hecho había sido el causante del secuestro, con frecuentes menciones a las relaciones entre la política represiva de la dictadura, la pérdida de derechos laborales y las políticas económicas que transformaron la estructura económica argentina.

 

Incluso luego del freno que impusieron las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos, el eje central de la represión a los trabajadores y de evidencias de participación de figuras empresariales en la violación a los derechos humanos estuvo presente en documentos como la presentación en 1998 llevada adelante por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) ante el juez Baltasar Garzón en España, entregando el fruto de un trabajo de investigación que identificaba a más de diez mil trabajadores desaparecidos. Este trabajo enfatizaba que la estructura represiva de las fuerzas armadas había tenido como un blanco central a activistas y militantes obreros que por decenas de miles y en forma organizada cuestionaban entonces el poder constituido, y que habían contado para ello con la colaboración de diversos sectores empresarios.

 

Los Juicios por la Verdad, que se iniciaron en la ciudad de La Plata en 1998, permitieron incorporar una gran cantidad de testimoniantes en diversas localidades del país que aportaron en sus testimonios nuevas pruebas de la centralidad de la represión a trabajadores y sindicalistas, y de distintas formas de participación de sectores empresarios en esta persecución. Esta trayectoria de denuncia, de lucha y acumulación de evidencia, contra viento y marea, fue central para permitir que, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se abrieran varias causas relacionadas con la participación empresarial en la represión, cuatro de las cuales contaban, en diciembre de 2014 con empresarios imputados por delitos de lesa humanidad (involucrando a las empresas Ledesma, La Veloz del Norte, Ford y Minera El Aguilar).

 

Pero además el avance de este proceso trasciende el caso argentino y se vincula con una creciente preocupación a nivel internacional por incluir, en el campo de los derechos humanos, dimensiones que hasta las últimas décadas habían sido escasamente tratadas, como el papel de empresarios y empresas en delitos de lesa humanidad, y sin las cuales resulta imposible llegar al corazón de estos procesos.

 

El campo de la justicia transicional estuvo marcado en sus orígenes por un fuerte énfasis en los actores estatales, especialmente en los líderes políticos y militares y las fuerzas de seguridad. Como sostiene Naomi Roht Arriaza en el libro Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura (coordinado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo  Bohoslavsky) aunque en una primera etapa fue política y jurídicamente necesario mantener el foco sobre el Estado dejando en un segundo plano a otros actores, en particular los económicos, esta tendencia está cambiando, y existe un nuevo enfoque sobre los actores privados, en especial las corporaciones y los bancos. Un hito relevante en este sentido fue el trabajo del relator especial de las Naciones Unidas, John Ruggie, para crear un marco y guías sobre la materia, que llevó a la formación de un Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Corporativa en el Consejo de Derechos Humanos.

 

Otro paso fundamental en este sentido fue la creación por parte de la Comisión Internacional de Juristas de un Foro de Expertos Jurídicos sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales, que publicó en 2009 un informe sobre complicidad empresarial y responsabilidad legal, con el objetivo de abordar lo que consideran un tema de enorme gravedad e impacto, como la participación de empresarios en violaciones a los derechos humanos. Este informe recoge una serie de experiencias históricas que muestran la enorme relevancia de analizar el papel de estos actores económicos en el desarrollo de violaciones a los derechos humanos desde Nuremberg en adelante, e interpela directamente al caso argentino ubicándolo al mismo tiempo en un marco de análisis mucho más amplio.

 

En suma, los avances en el tema de la participación de empresarios en las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura argentina, lejos de ser un tópico nuevo, son producto de un proceso de construcción de décadas en el campo de la justicia, no sólo en nuestro país sino en el mundo, el cual se forjó en permanente diálogo con una rica y diversa producción académica que enfatizó la necesidad de cruzar los análisis económicos, sociales y políticos para dar cuenta de los procesos históricos en su complejidad. Esta línea discutió muy fuertemente las visiones y explicaciones centradas principal o exclusivamente en dimensiones políticas (como la confrontación entre fuerzas armadas y organizaciones político-militares), para profundizar en el análisis de las transformaciones económicas y sociales y dejar al descubierto la conexión entre fuerzas militares y elite económica y el papel de la confrontación entre el capital y el trabajo, en el corazón de las disputas económicas, políticas y sociales.

 

Tanto en el país como a nivel internacional quedan claras las enormes dificultades que trae aparejado poner el foco en sujetos sociales situados en la cima del poder económico y social, y con fuertes conexiones con el poder político. Pero sólo incorporando estas dimensiones e identificando estas tramas de responsabilidad podemos comprender el proceso histórico que culminó en el desarrollo del estado terrorista en nuestro país, penalizar los crímenes cometidos, dar cierta reparación a las víctimas y sus familias, comprender las relaciones entre ese pasado y nuestro presente y construir un futuro más justo. Esto es, nada más y nada menos, lo que se pone en juego con el avance o retroceso de estas líneas de trabajo y judicialización.


Por Victoria Basualdo

 

FUENTE: Infojus - Periodismo365 - Imágenes Ilustración Web

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